Un tribunal federal ordenó este miércoles a la Procuraduría General de la República (PGR) indemnizar a Jacinta Francisco, una de las tres mujeres indígenas que fueron aprehendidas y acusadas ilegalmente de secuestro.
Tras estar encarcelada tres años, Jacinta Francisco Marcial fue liberada en 2009 luego de que la PGR concluyera que existía “duda razonable” respecto de su responsabilidad en el supuesto secuestro de agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que esta irregularidad "ocasionó un daño patrimonial y moral" a Francisco Marcial que se debe reparar.
Con ocho votos a favor y dos en contra, los magistrados del tribunal resolvieron que resultó infundada la causal de improcedencia planteada por la dirección general de asuntos jurídicos de la PGR, y pidió el reconocimiento público de la inocencia de la mujer otomí en los mismos medios en los que fue publicada su acusación.
El monto de la indemnización no fue especificado.
Jacinta será indemnizada junto a Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, tras confrontar a elementos de la AFI durante el decomiso de mercancías a un grupo de comerciantes en el pueblo de Santiago Mexquititlán.
A estas mujeres otomíes se les señaló como presuntas responsables del secuestro de seis miembros de la agencia. Con la liberación de Jacinta en 2009, siguió la de las otras detenidas un año después, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que hubo inconsistencias legales en el proceso.
Asimismo, se determinó que conforme a lo que establecen la Constitución, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el Código Civil Federal, la PGR resarcirá los daños.
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